Esta guía es para personas que revisan la incautación de un teléfono después de un arresto en Rhode Island. La regla que se analiza a continuación es el estándar federal mínimo de la Cuarta Enmienda; otras cuestiones constitucionales de Rhode Island requieren un análisis separado.
Respuesta breve. Por lo general, la policía necesita una orden judicial para registrar la información digital de un teléfono incautado durante un arresto. Asegurar el dispositivo y registrar sus datos son cuestiones separadas; una emergencia genuina puede requerir un análisis distinto. Riley v. California, 573 U.S. 373 (2014)
Un teléfono puede contener años de mensajes, fotografías, información de cuentas y datos de ubicación. Si la policía lo toma durante un arresto, surge una pregunta importante: ¿qué autoridad legal le permite revisar la información que contiene?
En Riley v. California, la United States Supreme Court (Corte Suprema de los Estados Unidos) determinó que, por lo general, la policía necesita una orden judicial para registrar la información digital de un teléfono incautado a una persona arrestada. El arresto por sí solo no proporciona la justificación habitual del registro incidental al arresto para examinar esos datos. Riley v. California, 573 U.S. 373 (2014)
Quitar el teléfono y registrar su contenido son cuestiones separadas
Riley distingue entre asegurar el dispositivo físico y examinar su contenido digital. La Corte reconoció que los agentes podían incautar y asegurar un teléfono mientras solicitaban una orden judicial. También distinguió entre revisar las características físicas de un dispositivo en busca de una amenaza a la seguridad y leer la información almacenada en él. Que un teléfono esté en un bolsillo no convierte sus mensajes y fotografías en contenido ordinario de un bolsillo. Riley v. California, 573 U.S. 373 (2014)
Para una revisión de la defensa, la cronología importa. ¿Cuándo tomaron los agentes posesión del dispositivo? ¿Cuándo abrió alguien por primera vez una aplicación, leyó mensajes o examinó fotografías? ¿Había una orden judicial en ese momento? Un registro que muestra que se tomó un teléfono no explica, por sí solo, la autoridad para cada examen posterior.
Una emergencia genuina puede cambiar el análisis
La Corte mantuvo la posibilidad de un registro sin orden judicial justificado por una emergencia particular, como una amenaza inminente a la seguridad de una persona o la destrucción inminente de pruebas en un caso individual. La cuestión es si las circunstancias justificaban ese registro. La posibilidad de que los teléfonos contengan pruebas importantes no crea una excepción general para todo arresto. Riley v. California, 573 U.S. 373, 134 S. Ct. 2473, 2494 (2014)
Por eso son importantes la razón declarada por el agente, el momento y los pasos que realmente se tomaron. Una cronología útil registra esos detalles sin llenar los vacíos con suposiciones sobre lo que los investigadores debieron haber hecho.
Las preguntas sobre el desbloqueo necesitan su propia revisión
Que le pidan un código de acceso o que use su huella digital o el reconocimiento facial plantea cuestiones que van más allá de la decisión que se analiza aquí. Riley no decidió si se puede obligar a alguien a desbloquear un teléfono. Un abogado que revise esa solicitud necesita las palabras exactas que se usaron, cualquier orden judicial o mandato, y el tribunal y la jurisdicción correspondientes.
Qué traer a una consulta de defensa penal
Conserve cualquier recibo de bienes, orden de registro, inventario, documento de acusación u orden judicial que haya recibido. Haga una cronología breve del arresto, de cuándo le quitaron el teléfono, de las solicitudes para desbloquearlo y de cualquier cosa que usted haya observado personalmente sobre un registro. Identifique qué detalles conoce de primera mano y cuáles vinieron de otra persona. Si no tiene la orden judicial ni los registros del registro, identifique lo que falta.
Preserve la información y los documentos existentes para el abogado. No borre mensajes, no borre un dispositivo a distancia ni le pida a otra persona que modifique posibles pruebas. Use el formulario de contacto inicial del bufete para enviar un resumen breve en lugar de enviar contraseñas o el contenido privado del teléfono.
Lo que esto puede significar para el caso
Es posible que un abogado deba examinar la autoridad para el registro, cualquier orden judicial y la forma en que se obtuvieron las pruebas antes de decidir si una impugnación tiene fundamento. La regla de la orden judicial no hace que todo teléfono quede exento de registro, y Riley no establece la exclusión automática de cada elemento obtenido mediante un registro sin orden judicial. El remedio disponible requiere su propio análisis. Riley v. California, 573 U.S. 373 (2014)
Para obtener ayuda para organizar un arresto o una investigación, consulte nuestra guía de defensa penal y nuestra guía sobre cargos estatales por drogas, o solicite una consulta.
Este artículo ofrece información general. La ley aplicable y los documentos de cada asunto son los que rigen. Comunicarse con el bufete no crea por sí solo una relación abogado-cliente.