Defensa penal · Federal y estatal
Las investigaciones de delitos de cuello blanco comienzan mucho antes de un arresto. Para cuando usted se entera, el gobierno puede llevar ya mucha ventaja.
Las investigaciones penales de cuello blanco rara vez empiezan con un golpe en la puerta. Empiezan en silencio, cuando llega una citación, un agente del FBI le deja una tarjeta a su asistente o su banco lo llama por una consulta de cumplimiento. Para cuando usted se entera, el gobierno puede llevar meses o incluso años construyendo su caso. En los procesos federales de cuello blanco, el tiempo de preparación juega a favor del gobierno, a menos que usted actúe primero.
Intervenimos pronto, antes de que se presenten los cargos, y seguimos hasta el último día del juicio. Eso significa proteger sus derechos durante la investigación, responder a las citaciones del gran jurado y litigar el caso en el tribunal federal (cuando sea necesario). También representamos a clientes en acciones civiles de cumplimiento que a menudo se desarrollan junto con las investigaciones penales, como procedimientos de restitución de ganancias, indagaciones de la SEC y demandas civiles por fraude.
Esquemas para defraudar a una institución financiera, o para obtener dinero o bienes en poder de un banco mediante declaraciones falsas. A menudo se imputan junto con lavado de dinero y fraude electrónico.
Los procesos federales por fraude en la atención médica y en la facturación a Medicare/Medicaid a menudo comienzan con una denuncia qui tam presentada bajo sello o con una auditoría de cumplimiento mucho antes de que los investigadores se pongan en contacto. Aquí, intervenir pronto importa más que casi en cualquier otro ámbito.
Las penas por lavado dependen de la norma: 18 U.S.C. § 1956 prevé generalmente hasta 20 años y § 1957 hasta 10. La sentencia y su relación con otros cargos dependen de los hechos y la ley. Evaluamos las acusaciones de lavado y la conducta subyacente.
La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) es una herramienta poderosa de la fiscalía que conlleva un riesgo civil significativo además de los cargos penales. Atendemos ambas vías.
No tiene que ser culpable de la conducta de fondo para que lo acusen de hacer una declaración falsa a un agente federal. No hable con los investigadores sin un abogado presente.
La sección 201 abarca el soborno de funcionarios federales y las gratificaciones ilegales; el § 666 abarca el robo y el soborno que involucran a gobiernos estatales y locales y a organizaciones que reciben más de $10,000 al año en fondos federales. Estos casos suelen implicar testigos que cooperan y pruebas de intervenciones telefónicas.
Los fiscales federales interpretan de manera amplia la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA). Defendemos cargos de la CFAA en procedimientos penales y civiles.
Para los delitos base no relacionados con terrorismo bajo 18 U.S.C. § 1028A(a)(1), el robo de identidad agravado conlleva una pena obligatoria de dos años que debe cumplirse de forma consecutiva al delito subyacente, y un juez no puede imponer libertad condicional ni acortar la pena por fraude para compensarla. Desde Dubin v. United States (2023), el uso de la identidad debe estar en el centro del fraude, y atacamos en paralelo el delito base y el cargo de robo de identidad. También atendemos cargos estatales de fraude, incluida la obtención de bienes mediante engaño (R.I. Gen. Laws § 11-41-4; M.G.L. c. 266, § 30), falsificación y uso de documentos falsificados, fraude de seguros y de compensación laboral, y fraude a Medicaid, que Rhode Island y Massachusetts persiguen activamente (a menudo por remisión de una aseguradora o de una agencia, y con frecuencia junto con una investigación federal paralela).
El trabajo más valioso a menudo ocurre antes de que se presente cualquier cargo. Aprovechamos las sesiones de proffer, la práctica ante el gran jurado y el contacto directo con los fiscales para entender la teoría del gobierno e influir en ella antes de que se consolide.
Respondemos a las citaciones del gran jurado, gestionamos las entregas de documentos, hacemos valer los privilegios aplicables y asesoramos a los testigos sobre sus derechos antes de que hablen con los investigadores o declaren.
Los casos federales de cuello blanco a menudo se desarrollan junto con acciones civiles de cumplimiento. Coordinamos la defensa en todas las vías para evitar que un paso en falso en un procedimiento perjudique a otro.
Aprovechamos cada cuestión de la Cuarta, Quinta y Sexta Enmienda que el expediente permita plantear. Cuando corresponde, presentamos mociones para excluir pruebas, impugnamos la suficiencia de la acusación formal y presentamos otras mociones previas al juicio que reducen o eliminan el caso del gobierno antes del juicio.
Negociamos directamente con la Fiscalía Federal de EE. UU. y con los fiscales estatales para facilitar acuerdos de proffer, negociaciones de declaración de culpabilidad y acuerdos de cooperación, con una visión realista de lo que tiene el gobierno y de lo que está dispuesto a hacer con ello.
Cuando el juicio es la respuesta correcta, llevamos el caso ante el tribunal.
Desde la primera llamada hasta el trabajo en sí.
Cuando se comunica con nosotros, no entra en una fila de espera.
Lo que hacemos. Llame al 401-621-9700 o solicite una consulta en línea. Tomamos sus datos y verificamos que no haya conflictos de intereses antes de hablar de su asunto.
Qué preparar. Sus datos de contacto y los nombres de cualquier otra persona involucrada, como el otro conductor, la empresa o la aseguradora.
Le daremos respuestas honestas sobre su situación y sus opciones.
Lo que hacemos. Un abogado revisa lo sucedido, los documentos que usted tiene y cualquier plazo que pueda aplicarse, y luego le explica sus opciones.
Qué preparar. Cualquier documento que le hayan entregado: la denuncia o citación, las condiciones de fianza o de libertad y la fecha de su próxima comparecencia ante el tribunal.
Preparamos cada caso como si fuera a llegar a juicio.
Lo que hacemos. Si decide contratar al bufete, confirmamos la contratación y nos ponemos a trabajar, y usted sabe quién lleva su asunto.
Qué preparar. Guarde cualquier aviso, carta o documento judicial nuevo y envíenoslo en cuanto lo reciba.
Cada asunto es diferente, por lo que los pasos y la duración de cada uno varían.
Abogado
Defensa penal, estatal y federal · Lesiones personales · Litigio civil
Ver perfilConnecticut: admisión estatal. Nueva Jersey: admisión ante los tribunales estatales y el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Nueva Jersey.
Confiables, profesionales y conocedores. DiLibero & Associates se tomó el tiempo de explicarlo todo con claridad y siempre me hizo sentir informado durante todo el proceso. Su honestidad, capacidad de respuesta y atención al detalle me dieron confianza en cada paso. Los recomiendo ampliamente a cualquiera que busque una representación legal en la que pueda confiar.
Traducción de la reseña original en inglés publicada en Google.
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Michael MarzilliLos testimonios reflejan experiencias individuales. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
Las reseñas describen las experiencias de clientes individuales. Cada caso es diferente.
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No hable con ellos. Usted no está obligado a responder preguntas de los investigadores federales, y cualquier cosa que diga (aunque crea que le ayuda o le exculpa) puede usarse en su contra. Niéguese cortésmente a hablar sin un abogado presente y llámenos de inmediato.
Una citación de un gran jurado es una orden judicial, e ignorarla puede dar lugar a desacato. Es posible que pueda limitarla, solicitar su anulación por ser irrazonable u opresiva, o invocar un privilegio, por lo que su respuesta requiere una orientación legal cuidadosa. Revisamos la citación, evaluamos qué privilegios se aplican, gestionamos el proceso de entrega de documentos y le asesoramos sobre sus derechos antes de que entregue algo o declare.
Sí, y cuanto antes hable con un abogado, mejor. La fase previa a los cargos es cuando se toman las decisiones más importantes: qué les dice a los investigadores, qué documentos conserva o entrega, si hacer un proffer (declaración informativa ante la fiscalía) y si acercarse a los fiscales por iniciativa propia. El gobierno ha estado construyendo su caso; nosotros le ayudamos a construir su defensa.
Un caso penal lo presenta el gobierno (la Fiscalía Federal de EE. UU. o un fiscal estatal) y puede terminar en prisión, multas y antecedentes penales. Una acción civil de cumplimiento la presenta una agencia como la SEC o la FTC, el Departamento de Justicia conforme a la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act) o el fiscal general de un estado, y normalmente busca sanciones económicas, restitución o devolución de ganancias y medidas cautelares. A menudo se desarrollan de forma simultánea, y un error en un procedimiento puede perjudicar el otro. Atendemos ambos.
Un proffer es una reunión entre la persona investigada o que es objeto de una investigación, su abogado y los fiscales y agentes federales, celebrada conforme a un acuerdo de proffer por escrito. El acuerdo suele prohibir el uso directo de sus declaraciones en el caso principal del gobierno, pero normalmente permite que el gobierno siga las pistas que surjan de ellas y las use para impugnar su credibilidad, por lo que la protección es más limitada que la inmunidad. Bien hecho, un proffer puede influir en el caso del gobierno antes de que se presente. Mal hecho, puede empeorar mucho las cosas. Evaluamos si un proffer le conviene antes de recomendarlo.
Los casos federales de cuello blanco están entre los que más recursos exigen en el derecho penal. En la primera conversación, que es gratuita, le daremos una evaluación honesta del alcance y de los honorarios. Preferimos que entienda desde el principio lo que tiene por delante.
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