Defensa ante cargos federales por drogas en Rhode Island y Massachusetts

Los casos federales de drogas se construyen mucho antes de que se presenten los cargos. Examinamos los métodos de vigilancia, los informantes y las compras controladas en busca de violaciones constitucionales que puedan llevar a excluir las pruebas del gobierno antes del juicio.

La Cuarta Enmienda es una herramienta central en la defensa federal por drogas. Examinamos cada orden de registro, detención de tráfico y orden de vigilancia electrónica en busca de defectos. Una moción de exclusión de pruebas exitosa puede eliminar pruebas clave del caso del gobierno.

Las órdenes de intervención telefónica del Título III tienen requisitos de procedimiento estrictos, pero a menudo se convierten en la prueba que los fiscales federales consideran más sólida. Impugnamos las fallas de minimización, los defectos de autorización y la admisibilidad de las comunicaciones interceptadas.

Los procesos federales por drogas se construyen sobre testigos que cooperan. Interrogamos sobre su credibilidad, sus acuerdos con el gobierno y la coherencia de sus relatos.

La cantidad de droga determina la sentencia federal. La diferencia entre gramos y kilos puede significar la diferencia entre años y décadas. Impugnamos los cálculos de cantidad desde la acusación formal hasta la sentencia, y cuestionamos las pruebas del gobierno sobre la intención de distribuir.

No todos los casos federales de drogas tienen que ir a juicio. Cuando la cooperación conviene al cliente, negociamos directamente con la Fiscalía Federal de EE. UU., y cuando se aplica la válvula de seguridad, preparamos el expediente que el juez necesita para concederla.

Los cargos federales suelen implicar cantidades mayores, investigaciones en varias jurisdicciones y penas mínimas obligatorias previstas por la ley que a menudo son más largas que cualquier equivalente estatal. La acusación la lleva la Fiscalía Federal de EE. UU. y no el Fiscal General de Rhode Island ni un fiscal de distrito de Massachusetts, los casos se juzgan en un tribunal federal de distrito y las pautas de sentencia, de carácter orientativo, dependen de la cantidad de droga de maneras que pueden dar lugar a penas muchísimo más largas que un cargo estatal comparable. Los casos federales de drogas necesitan experiencia en defensa federal desde el principio.

Una pena mínima obligatoria es un piso de sentencia fijado por el Congreso que el juez debe imponer. En los cargos federales por drogas, se activan según la cantidad y los antecedentes penales, y van de cinco años a cadena perpetua. A veces pueden evitarse mediante una colaboración sustancial con el gobierno o mediante la disposición federal de “válvula de seguridad” (safety valve), que se aplica a infractores no violentos con pocos o ningún antecedente penal que cumplen criterios legales específicos.

Importa mucho, pero no lo protege automáticamente. La ley federal puede hacer a un miembro de una conspiración responsable de la conducta de sus coconspiradores que estaba dentro del alcance del acuerdo, que buscaba promoverlo y que era razonablemente previsible, lo que puede significar que se le atribuyan cantidades considerables de droga, aunque su propio papel haya sido menor. Impugnamos el alcance de la supuesta conspiración, su papel dentro de ella y la cantidad de droga de la que el gobierno pretende hacerle responsable.

Significa que el gobierno tiene a alguien que aceptó cooperar, y posiblemente declarar en su contra, con la esperanza de obtener una reducción de su pena. Los testigos que cooperan son comunes en los casos federales de drogas. Aunque su testimonio puede ser contundente, también está comprometido por naturaleza. Interrogamos a quienes cooperan sobre su motivación, su acuerdo con el gobierno, la coherencia de sus relatos y todo lo que tienen para ganar diciendo lo que la fiscalía necesita que digan.

Cooperar con los fiscales federales puede llevar a que el gobierno presente una moción para reducir la pena, pero el fiscal decide si la presenta y el juez decide cuánto crédito otorgar. Es una decisión importante que depende por completo de los hechos de su caso, de lo que quiere el gobierno, de lo que usted puede aportar y de lo que está dispuesto a aceptar. La evaluamos con honestidad y sin presiones. A algunos clientes les conviene cooperar; a otros no. Le explicaremos sus opciones antes de que tome cualquier decisión.

Los casos federales de drogas, sobre todo las conspiraciones con varios acusados, pruebas de intervenciones telefónicas y testigos que cooperan, están entre los asuntos penales que más recursos exigen. En la primera conversación, que es gratuita, le daremos una evaluación honesta de lo que implica el caso y de lo que requerirá la representación. Preferimos que entienda el panorama completo desde el principio.